Según Ecologistas en Acción, 63 industrias cántabras carecen de autorización ambiental

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Ecologistas en Acción ha remitido un informe y una tabla listado (completa) en la que relatan las industrias que carecen de autorización ambiental en Cantabria y, según el comunicado de prensa remitido por los ecologistas, "deberían cesar su actividad."

En España son 3.000 industrias las que carecen de esta autorización ambiental.

Ecologistas en Acción lamenta la pésima aplicación de la Ley de Prevención de la Contaminación y denuncia la desidia de Administración y buena parte de las empresas.

El pasado martes, día 30 de octubre de 2007, finalizó el plazo establecido en 1996 por la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación para que 5.000 industrias españolas obtuvieran e implantaran la denominada autorización ambiental integrada, permiso imprescindible para poder operar en la Unión Europea a partir del 31 de octubre.

(…continúa) 

La intención de la Directiva era procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo en origen la contaminación mediante la implantación de la Mejores Técnicas Disponibles y el establecimiento de valores límites de emisión al aire, las aguas o los suelos coherentes con aquellas y con la preservación de la salud pública y el medio ambiente. Asimismo, se buscaba unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada Estado miembro en uno único, la Autorización Ambiental Integrada.

Sin embargo, a pesar de los 11 años de plazo otorgados por la norma citada para realizar esta adaptación administrativa y ambiental, con seguridad el mayor reto para la industria y el medio ambiente desde la fundación de la Unión Europea, más de la mitad de las empresas españolas sometidas a esta legislación no han obtenido aún su permiso, y en consecuencia deberán cesar completamente en su actividad, arriesgándose en el caso de mantenerla ilegalmente a sanciones que pueden alcanzar los 2 millones de euros en cada caso.

La explicación de esta lamentable situación es compleja, y en todo caso desoladora: a los 6 años que tardó el Gobierno de José María Aznar en trasponer la Directiva a la legislación española, con la aprobación en 2002 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se suma la penuria de medios aportados por las Comunidades Autónomas para aplicar la norma (con trámites que se alargan hasta 3 años, cuando el plazo legal máximo de resolución es de 10 meses), y el desconocimiento y desidia de las empresas afectadas para presentar sus solicitudes y proyectos de adaptación.

De hecho, la mayor parte de los mismos no se han presentado hasta finales del año pasado, aprovechando una disposición transitoria de la Ley española introducida por el Ministerio de Jaume Matas que permitía a las empresas seguir funcionando indefinidamente sin autorización ambiental, siempre que la hubieran solicitado antes de 1 de enero de 2007. Esta disposición ha sido impugnada por la Comisión Europea ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo, y previsiblemente será derogada por la Ley de Calidad del Aire, una vez que la misma salga de las Cortes Generales, antes de fin de año.

La cobertura media en el Estado podría acercarse al 40% de industrias autorizadas en plazo. Peor es la situación a nivel de Cantabria donde apenas llegamos a un bochornoso 6%, es decir, que sólo 4 empresas han obtenido la autorización para su funcionamiento y 1 se ha denegado de un total de 66 que estaban obligadas a realizarla.

En contraste, países como Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido llegan al día de hoy con la práctica totalidad de sus empresas autorizadas, encontrándose España en el furgón de cola junto a otros estados como Grecia, Polonia o Portugal. Previsiblemente, el esfuerzo realizado por la industria y los Estados centroeuropeos va a pasar factura a nuestro país, a través de sanciones económicas o pérdida de competitividad, sin olvidar la oportunidad desaprovechada para mejorar la calidad ambiental de las ciudades y ecosistemas españoles.

Más allá de la incapacidad administrativa y la desidia empresarial generalizada, siempre con honrosas excepciones, también hay que lamentar que las autorizaciones ambientales otorgadas no consideran en general las Mejores Técnicas Disponibles ni la capacidad de carga del medio ambiente afectado por cada industria, limitándose a trasladar los límites de emisión de la normativa vigente, en algunos casos procedente de 1975 (como los valores límite de emisión a la atmósfera), dándose la situación absurda de que muchas autorizaciones permiten a sus titulares contaminar en mucho mayor grado de lo que venían haciendo en la última década.

Ante el incumplimiento generalizado de la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación, los Ecologistas en Acción exige a la Administración central y autonómica que aporten los medios humanos necesarios para superar el colapso actual, así como un mínimo rigor técnico en los condicionados ambientales de las autorizaciones, en particular en lo referido a valores límite y sistemas de control de los mismos. Asimismo, instan a la industria a que cumpla con su obligación de adaptar sus procesos a las Mejores Técnicas Disponibles, limitando la contaminación que genera en su entorno.

SIGNIFICACIÓN DE LOS SOMBREADOS

Las industrias que no tienen sombreado carecen actualmente de Autorización Ambiental Integrada (AAI)