Podemos ha visitado las viviendas afectadas por los daños generados por las obras realizadas en un local del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en el edificio número 6 de la calle Ronda Coro Garcilaso y cuyo coste de reparación recae ahora sobre los vecinos. Desde la formación morada entienden que los daños provocados por la reforma de un local que pertenece al Gobierno de Cantabria y que es gestionado por el ICASS hacen que sea el Gobierno de Cantabria quien debe asumir el gasto de la reparación del edificio.
A Podemos le resulta ‘incomprensible’ que «las instituciones hayan destrozado las viviendas de unos torrelaveguenses y, tras ello, abandonado a unos vecinos cuyo edificio ya se puede considerar que es peligroso».
Mercedes González, portavoz de Podemos Cantabria, critica con dureza la gestión del bipartito PRCE-PSOE, al que responsabiliza de la situación de los vecinos porque «existe un compromiso público tanto de López Estrada, alcalde de Torrelavega, como de María Antonia Mora, directora del ICASS, que no se ha cumplido».
González insiste en que «es un peligro, una frustración y un desamparo, tener a familias viviendo en una situación tan lamentable, sin que los propios responsables se hagan cargo, más cuando ya hay una sentencia de uno de los pisos que efectivamente dice que los daños fueron ocasionados por las obras». Subrayando que «son viviendas sociales, de gente con pocos recursos, para primero reparar los daños y después reclamar. Por ello es necesario que los responsables cumplan con su obligación y den soluciones».
Desde Podemos recuerdan que «los vecinos denunciaron la aparición de fisuras en diversas partes del edificio en 2019» y fueron «completamente ignorados por los responsables del ICASS». Por ello, no entienden que «ahora se haga pagar a los vecinos los más de 150.000€ que les va a costar poder dormir por las noches sin temor a que se les caiga el techo encima».
Por su parte, Álex Zapico, secretario de Sociedad Civil de Podemos a nivel Estatal, reclama que «que se haga justicia con esta comunidad de trabajadores y trabajadoras que llevan viviendo una pesadilla que dura ya tres años y el Gobierno de Cantabria pague los daños ellos mismos causaron».
Remarca que «en la visita de ayer, hablaron con todos los propietarios y propietarias, algunas de ellas, en tratamiento por ansiedad, otros han dejado a parte de la familia en la vivienda y se han trasladado a vivir a otros lugares por el miedo al derrumbe. El frío que entra por las grietas, ventanas y puertas que no cierran correctamente y la incertidumbre que nadie solucione nada, es realmente angustioso. No merecen que el Gobierno de Cantabria les haga esto».
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