Este colectivo de 150 trabajadores está pendiente de que la nueva empresa que gestionará el servicio de Vodafone a partir de octubre, Konecta, del Grupo Santander, reconsidere su decisión de trasladar el servicio a Valladolid.
Los trabajadores se oponen a este traslado y consideran que se trata de un despido encubierto, ya que los sueldos de entre 800 y 900 euros al mes no permiten un traslado a Valladolid.
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