Los sindicatos UGT, APL y CCOO anunciaron hoy su intención de denunciar ante la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional la contratación de una empresa privada para el servicio de seguridad en el recinto de ferias durante las fiestas patronales de Torrelavega porque «además de ser un gasto innecesario, es manifiestamente ilegal según la Ley de Seguridad Privada».
Los portavoces de los tres sindicatos, que cuentan con 11 de los 13 representantes de la Junta de Personal de funcionarios del Ayuntamiento de Torrelavega, rechazaron la decisión del consistorio de recurrir a una empresa privada para las tareas de seguridad en una decisión que, según dijeron, «puede implicar un claro delito de prevaricación».
Según explicaron Nicolás Ruiz y Daniel González (UGT), Alejo García (APL) y Julio Fernández (CCOO), «La Ley de Seguridad Privada especifica con suficiente claridad cuáles son las funciones de una empresa privada de seguridad, que en ningún caso pueden ser ejercidas en la vía pública, ya que esta materia es competencia exclusiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad».
«No entendemos que en medio de un galimatías de medidas anticrisis y reducción de derechos y de retribuciones de los funcionarios, el Ayuntamiento de Torrelavega se gaste ahora 6.000 euros en una empresa de seguridad privada para las fiestas patronales, cuando esta labor tradicionalmente ha correspondido a la policía local con cargo al régimen de dedicación horaria y sin coste alguno para el consistorio», agregaron los representantes sindicales.
UGT, APL y CCOO matizaron que «además, en el recinto ferial se llevan a cabo otras funciones propias de la policía administrativa y de seguridad ciudadana que en ningún caso puede asumir una empresa privada, como el control del horario de cierre, el de ruidos o las acciones preventivas para hurtos, robos o altercados».
En opinión de los sindicatos, «Todo esto va a redundar en una inseguridad manifiesta e ilegal en esa zona, ya que siempre se ha reforzado el servicio de policía local con presencia efectiva para evitar en todo lo posible la alteración del orden y garantizar el cumplimiento estricto de las ordenanzas».
«Sospechamos que lo que realmente se pretende con el dinero ahorrado por la supresión de la paga extraordinaria de Navidad es, entre otras medidas, la contratación de servicios privados con dinero público a empresas afines al PP», denunciaron los sindicalistas, tras reiterar que «el servicio de seguridad privada contratado es manifiestamente ilegal y no puede contar forzosamente con la autorización del delegado del Gobierno, ni el oportuno informe previo de la Policía Nacional», informaron a través de un comunicado.
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