Los ecologistas piden «sopesar los beneficios y los perjuicios» de la mina de Reocín
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David Laguillo
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La formación Ecologistas en Acción (EA) ha valorado hoy como «positiva» la primera impresión ante las noticias de apertura de la mina de Reocín. «Positiva para una comarca castigada por el paro durante años y sin apenas perspectiva de mejora», señala EA, aunque recuerda que las informaciones que provienen de la empresa canadiense Emerita Resources sin embargo, «no son muy alentadoras».
En este sentido, EA tacha de «incierto» el mensaje de que la actividad minera no va a generar impactos, y la formación ecologista asegura que «no es un buen comienzo negar la evidencia». Para EA «hubiera sido mejor inicio reconocer los impactos y afirmar que la empresa los va a minimizar o compensar».
EA ha relatado los problemas que se han sufrido en el pasado y que se siguen padeciendo años después de cerrada la mina de Reocín.
El derrumbe de una balsa en agosto de 1960 se llevó por delante vidas humanas y un vertido directo al Besaya de miles de toneladas de residuos contaminados.
El derrumbe de la propia mina en enero de 1965, que no se cobró vidas humanas por fortuna, pero provocó el hundimiento del barrio Pomares en Reocín, desapareciendo casas de centenares de familias.
La rotura del acuífero también se cobró vidas humanas y ha dejado una ‘hipoteca de por vida’. Al inundarse las galerías, la consiguiente surgencia ha creado un lago artificial que se necesita controlar su volumen, bombeando agua permanentemente al Besaya para evitar una mayor inundación. ‘Esta inundación ha sido uno de los factores de la aparición de agua en zonas de Torres, algunas de cuyas casas sufren intensas humedades’, según EA.
La actividad minera de La Mina durante más de 150 años de vertidos, ha trasladado sus residuos a la Ría de San Martín, cuyos sedimentos están ‘llenos de metales pesados’.
Según EA han quedado once balsas de decantación o escombreras distribuidas por un área extensa, con ‘presencia de metales pesados’. Algunas de estas balsas permanecen expuestas a la erosión del aire y de la lluvia, y otras se han cubierto de vegetación o urbanizado sin ningún tratamiento de impermeabilización.
«No fue tampoco un buen precedente la firma precipitada del Gobierno de Cantabria con AZSA para el cierre de la Mina después del seísmo acaecido en 2003 que derrumbó parte de la explotación a cielo abierto. En esa firma
quedaron muchos flecos, como algunos de los señalados anteriormente, de los que se ha hecho cargo la Administración, desentendiéndose AZSA de ellos», opina EA. En este sentido, la organización ecologista recuerda que no se exigió nada a la empresa dentro de un plan de cierre de la mina con varios estudios previos.
«Por todo ello, queremos señalar que es necesario sopesar bien todos los beneficios y los perjuicios de esta actividad minera para poder adoptar en su momento una decisión acertada», finaliza EA.
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