El portavoz regionalista, Pedro García Carmona, ha anunciado que su grupo presentará al próximo Pleno una moción en la que se propone a la Corporación «instar al Gobierno de España, a través del Ministerio de Justicia, la no aplicación de la Ley de Tasas, toda vez que supone un menoscabo en los derechos fundamentales de los ciudadanos para acudir a los Tribunales de Justicia en defensa de sus derechos en intereses, tal como reconoce y ampara el art. 24 de la Constitución Española».
Según ha explicado García Carmona, esta nueva ley del PP supondrá un nuevo recorte para los ciudadanos y, en este caso, un recorte de sus Derechos Fundamentales ya que su aplicación supondrá que solo tendrá tutela judicial quien tenga recursos económicos, es decir, ha insistido el portavoz regionalista, estaremos hablando de «justicia para ricos y justicia para pobres».
Ante este nuevo recorte del PP que, en su opinión, demuestra que los populares «no se paralizan ante nada», García Carmona ha anunciado que los regionalistas «no lo vamos a tolerar y vamos a luchar» para impedir este «nuevo retroceso» en los derechos de los ciudadanos.
En la exposición de motivos, el portavoz regionalista, explica como desde numerosos ámbitos de la ciudadanía y de las organizaciones vinculadas a la administración de Justicia, se ha venido denunciando y desarrollando una actividad tendente a conseguir modificar el contenido de una Ley que supondrá un «grave quebranto para los derechos de los ciudadanos y un absoluto atentado a los derechos fundamentales de los ciudadanos, recogidos por nuestra vigente Constitución, especialmente el de la tutela judicial efectiva».
Esta Ley, añade, introduce también un criterio peligroso, que pensábamos estaba superado o era propio de otros tiempos: el del coste social de la Justicia Gratuita, el «último recurso para hacer valer sus derechos fundamentales a quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios, ni esperanza».
Así mismo, García Carmona se ha referido como «especialmente peligroso» otro de los argumentos utilizados por el PP para justificar esta Ley, el descenso de la litigiosidad. En su opinión, lo que se está intentando es utilizar la Justicia como «fuente recaudadora».
Los ciudadanos, ha concluido el portavoz regionalista, tienen derecho a acudir a los Tribunales de Justicia en defensa de sus legítimos derechos, intereses y pretensiones, tal y como reconoce nuestra Constitución y no puede impedirse ese acceso por medio de un sistema de tasas que, en definitiva, perjudica a quienes tienen menos medios económicos.
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