El PRC llevará al concejal Francisco Trueba ante la Fiscalía por presunta falsedad documental y prevaricación
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David Laguillo
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El portavoz del Grupo Municipal del PRC, Pedro García Carmona, acompañado de los concejales de su grupo Pedro Pérez Noriega, Javier López Estrada y Jesús Sánchez, ha denunciado hoy públicamente lo que en su opinión y a la vista de la documentación que posee el grupo son unos «hechos muy graves» que pudieran ser constitutivos de presunta responsabilidad penal (prevaricación y falsedad documental) y que afectan a un concejal del equipo de gobierno del PP, Francisco Trueba, y a Ildefonso Calderón Ciriza como alcalde y máximo responsable del gobierno de la ciudad.
Así mismo, ha anunciado que ante la «falta de actuación» de Calderón, a la vista de una conducta presuntamente irregular de un miembro de su equipo de gobierno, el PRC a través de sus servicios jurídicos va a dar traslado de los hechos a la Fiscalía para que valore jurídicamente si existe o no una responsabilidad penal de los mismos.
Sin embargo, García Carmona ha subrayado que para los regionalistas en este suceso el «responsable político» es Calderón Ciriza. «Opacidad, ocultación de información y obstrucción del trabajo y labor de la oposición y de los funcionarios, esto es lo que se deduce a la vista de los informes emitidos por el letrado municipal y de la actuación del alcalde», ha afirmado.
El portavoz regionalista ha explicado que su grupo tiene conocimiento de estos hechos el 18 de septiembre a través del letrado municipal que da a conocer la existencia de un primer informe en el que se constataban una serie de hechos que, a juicio del letrado Anillo Abril, pudieran ser constitutivos de presunta responsabilidad penal – prevaricación y falsedad documental – por lo que instaba al Alcalde a que actuara en consecuencia, es decir, acudir bien directamente al Juzgado de Guardia o al Ministerio Fiscal.
Ese mismo día, ha continuado, se solicitó por Pedro Pérez Noriega como miembro del Consejo de Administración de la empresa Municipal de Aguas, copia del informe del Letrado Municipal y Secretario del Consejo de Administración, así como de todos los documentos que formaran parte del expediente. La misma se ha ido dando con «cuentagotas», habiéndose comenzado a recibir el 30 de septiembre, al terminar el Pleno.
En ese primer informe se explica que se había tenido conocimiento de que el Concejal Francisco Trueba Sánchez, había firmado un escrito, con fecha 29.2.2012, con membrete oficial del Ayuntamiento, en el que se decía lo siguiente:
«Atendiendo a la petición de un vecino de Duález y teniendo constancia del problema. Valorada por parte de la Junta de Gobierno hemos tomado la decisión de suministrarle agua, corriendo los gastos, tanto de obra, como de consumo, por cuenta del vecino».
En dicho documento el citado letrado constata, tras las correspondientes comprobaciones que realiza y que enumera en su informe de 30 de julio de 2012, que en las sesiones celebradas durante el año 2012, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrelavega no figura ninguna referencia sobre el acuerdo al que alude el concejal de Barrios en su escrito de 29.2.2012. El oficio fue dirigido a la empresa de aguas.
Y añade que el Concejal:
«3º.- Tenía conocimiento y constancia del problema y, además, según nos ha informado el Sr. Ingeniero de Caminos Municipal, advirtió al concejal que, con el reglamento en la mano no se podía otorgar el suministro de agua y que hablara con el secretario municipal por si era de otra opinión.
Sin embargo y para «sorpresa» del grupo regionalista junto con ese primer informe del 30 de julio se acompaña otro informe del mismo funcionario, Sr. Anillo, con fecha 27 de septiembre en el que se desdice de lo manifestado y en el que afirma que conociendo más información NO PARECE PROCEDENTE PONER EN CONCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES LOS HECHOS DESCRITOS PORQUE DE LAS EXPLICACIONES DADAS NO SE INFIERE QUE SEAN CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN PENAL.
Este nuevo informe, junto a un tercero del 7 de septiembre al que se tiene acceso con posterioridad y en el que se habla, entre otras cosas, de obstrucción por parte del alcalde al letrado municipal, hace que García Carmona se haya preguntado: «¿Qué ha pasado, por qué este cambio de criterio sin evidencias que lo justifiquen y redactado el mismo día que es solicitado por Calderón?»
Antes estos hechos y ante el «silencio» del alcalde, García Carmona le ha exigido que «asuma su responsabilidad y que hable públicamente». También ha querido dejar claro que el Grupo Regionalista ha denunciado esta situación «obligado por razones de justicia y de responsabilidad».
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