El PP registra una moción para averiguar quien falsificó la firma del portavoz de ACPT
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David Laguillo
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- La propuesta del PP estima que se han podido cometer dos delitos tipificados en el Código Penal, uno de falsificación en un documento oficial y otro de vulneración de los derechos constitucionales
24 de febrero de 2014
El Grupo Municipal Popular ha registrado la moción que presentará en el próximo pleno municipal con el fin de averiguar quién falsificó la firma del portavoz de ACPT y las razones que motivaron dicha falsificación.
Los concejales del PP proponen la creación de una comisión especial de investigación que determine la verdad de los hechos y cuyas conclusiones permitan ‘restaurar la dignidad y credibilidad’ institucional del Ayuntamiento, después de que la alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón, y el primer teniente alcalde, Pedro García Carmona, hayan reconocido que presentaron una moción con una firma falsificada.
El PP estima que a la vista de los hechos ya constatados, se han podido cometer dos delitos tipificados en el Código Penal, uno de falsificación en un documento oficial y otro de vulneración de los derechos constitucionales de los torrelaveguenses.
La moción del PP considera que “la gravedad de estos hechos es aún mayor en la medida en que, entre los posibles falsificadores, podrían llegar a encontrarse concejales o concejalas del actual equipo de gobierno, o funcionarios o personas particulares relacionados con ellos, lo cual arroja una sombra inaceptable de sospecha sobre la cualificación de ciertas personas para dirigir cabalmente un Ayuntamiento o cualquier otra institución democrática”.
En la exposición de motivos, el PP recuerda que el pasado 30 de diciembre de 2013, se registró oficialmente en el Ayuntamiento de Torrelavega una moción, referente a políticas nacionales, dirigida al pleno de la Corporación y firmada por Lidia Ruiz Salmón, en representación del Grupo Municipal Socialista; Pedro García Carmona, por el Grupo Municipal Regionalista; y por Iván Martínez Fernández, por el Grupo Municipal del ACPT.
Dicha moción figuraba en el Orden del Día del Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 4 de febrero de 2014, para su debate y votación. Pero fue retirada en el mismo pleno por la alcaldesa, señora Ruiz Salmón, con el argumento de que los proponentes deseaban actualizarla.
Sin embargo, el portavoz de ACPT, Iván Martínez, denunció públicamente que su presunta firma en esa moción había sido falsificada, que la moción se había retirado al exigirlo enérgicamente él mismo, y que los promotores socialistas y regionalistas se habían dirigido a él para pedirle disculpas.
Los concejales del PP califican como “un hecho profunda gravedad” que la actual alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón y el primer teniente alcalde, Pedro García Carmona hayan aceptado y reconocido públicamente que presentaron un documento público con una firma falsificada en el Ayuntamiento.
El PP estima que a la vista de todos estos hechos, se han podido cometer dos delitos tipificados en el Código Penal, uno de falsificación en un documento oficial y otro de vulneración de los derechos constitucionales de los torrelaveguenses.
Consideran que la falsificación de la firma del portavoz de ACPT supone “como mínino”, una simulación parcial de documento induciendo a error sobre su autenticidad, y la supuesta intervención de personas en que no la han tenido, dos acciones punibles que pueden acarrear entre otras penas las de inhabilitación especial, multa y suspensión de empleo o cargo público.
Asimismo, la propuesta del PP considera que también se ha podido cometer un delito contra las garantías constitucionales y contra otros derechos individuales tipificados en el Título XXI del Código Penal, debido a que los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución, es decir, “que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes”, han sido vulnerados mediante la falsificación de la firma de uno de sus representantes, en este caso el portavoz de ACPT.
Los concejales del PP consideran que todas estas razones hacen imprescindible esclarecer rápidamente la “autoría de la falsedad” y para ello se propone la creación de una comisión especial de investigación, amparándose en el artículo 110 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de Torrelavega, “con el fin de descubrir el delito y analizar las responsabilidades políticas de este gravísimo hecho, con luz y taquígrafos y democráticamente”.
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