El PP quiere cerrar el SERCA, según los sindicatos
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David Laguillo
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El comité de empresa del Centro Especial de Empleo SERCA de Torrelavega ha acusado al Gobierno de Cantabria, del PP, de tomar medidas encaminadas a que, a medio plazo, el SERCA deje de existir como empresa y fundamentan esta acusación en dos razones; por un lado una razón ideológica y por otro una “sospecha política”.
Así lo ha asegurado el responsable de acción sindical de los centros especiales de empleo de CCOO, José Manuel Marañón, en rueda de prensa acompañado por los representantes de UGT, Santos Ortiz, de USO, Justo San Millán, y varios miembros del comité de empresa de los tres sindicatos que tienen representación en el SERCA.
Marañón ha explicado que el comité de empresa se “sorprendió” al conocer la noticia, publicada la semana pasada, en la que el Consejo de Gobierno de Cantabria rechazaba la solicitud de contratación de 37 personas durante un periodo de seis meses en 2015, en base a una orden publicada para los ayuntamientos y entidades vinculadas, para la contratación de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social.
El representante sindical ha asegurado que el Ejecutivo tomó esta “decisión política” por una cuestión ideológica, ya que –afirma- “al Gobierno del PP le molesta que haya una empresa pública como el SERCA que tenga beneficios y que funcione bien”.
También asevera que detrás de la decisión de no contratar a estas 37 personas hay una “sospecha política” porque –dice- “a los empresarios que trabajan en el área de jardinería de la comarca del Besaya siempre les ha molestado mucho que exista el SERCA y creemos que el Ejecutivo ha tomado la decisión de quitar del medio al SERCA para favorecer a empresarios amigos y dejarles el campo libre”.
Habrá movilizaciones y se informará a la Unión Europea
Marañón ha adelantado que el próximo martes habrá una asamblea de trabajadores donde se les explicará el calendario de movilizaciones que comenzará el lunes 9 de febrero con una concentración delante de las puertas del Parlamento antes de que comience el Pleno, “para que todos los parlamentarios se enteren de que los trabajadores del SERCA no van a quedarse quietos mientras se sacrifica esta empresa”.
Además ha explicado que trasladarán este problema a la Unión Europea (UE) porque esta orden se finanza con un 50 por ciento de fondos europeos, por lo que, “probablemente a la UE le interesará saber que se están utilizando sus fondos para discriminar a personas con discapacidad, una cuestión que para la UE y para los tribunales europeos resulta especialmente sensible”.
El responsable de CCOO ha avanzado que el comité ya se ha puesto en contacto con algún europarlamentario para hacerle llegar la documentación y que “nuestras asesorías jurídicas están estudiando la posibilidad de presentar una denuncia formal desde la UE”.
También ha destacado que el Ayuntamiento de Torrelavega ya ha confirmado que va a presentar un recurso, por lo que, “si el Gobierno tiene voluntad política de arreglarlo aprovechará este recurso para hacerlo,” algo en lo que tenemos esperanza”.
Disminución anual de la plantilla
Marañón ha recordado que hace un año el comité ya alertó de la pérdida de empleo que se está produciendo en el SERCA ya que en 2011 había 115 trabajadores, en 2014 la plantilla estaba formada por “algo más” de 90 personas y que este año la cifra de trabajadores ha bajado de 90, una merma de plantilla que provoca problemas para atender los trabajos que tenía contratados, fundamentalmente los de jardinería y guarda de locales deportivos municipales.
Ha relatado que, por decisiones judiciales e informes del Gobierno de Cantabria, el SERCA es una entidad pública y a sus trabajadores se les asociaba con empleados públicos, por lo que, en 2010 se les bajó el 5% y en 2012 se les “escamoteó” la paga extra y, como ha ocurrido en todas las administraciones públicas estaban sometidos a la tasa de reposición cero, es decir, cada trabajador que se ha jubilado no se ha podido sustituir.
Ante este descenso, el comité “vio la posibilidad” para que, con los 37 puestos de trabajo en 6 meses, el SERCA “pudiera hacer frente a sus obligaciones, ya que se podía contratar de marzo a septiembre “que es justamente cuando hay los mayores problemas de jardinería”.
Marañón ha destacado que, tras la negativa a contratar a casi 40 personas el Ejecutivo ha buscado “arropamiento jurídico” asegurando que “el Patronato de Educación, que es la entidad en la que está el SERCA, no tiene por objeto hacer obras y servicios y que el Patronato utiliza al SERCA como una entidad instrumental”.
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