Escrito por Óscar Sañudo
{xtypo_dropcap}V{/xtypo_dropcap}ivimos días extraños en la tensa relación entre la iglesia católica y los estados democráticos de derecho. Con aquello de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, creímos entender el principio de la separación entre las cuestiones de fe y las de Estado. Tras dos mil años de relación, habiendo disfrutado el catolicismo de enormes prebendas a lo largo de la historia y hasta muy recientes fechas, nos encontramos con motivo del cambio legislativo sobre el aborto con un nuevo ataque (que cada cual juzgue si legítimo o no) de la jerarquía eclesiástica a los poderes del estado.
Conviene recordar lo consagrado en el artículo 16 de la Constitución Española, que además de garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto señala que ninguna confesión tendrá carácter estatal, si bien los poderes públicos habrán de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones. Hubiese estado bien, visto lo visto, que se hubiese indicado que esa cooperación debiera ser recíproca, y me explico: no es de recibo que en una situación económica como la que vivimos, la Conferencia Episcopal española se gaste un dineral, quien sabe si procedente de subveción pública, en editar ocho millones de dípticos y colocar treinta mil carteles para su campaña contra la reforma de la Ley del aborto, o mejor dicho, contra el aborto mismo. Muchos se preguntarán si la Iglesia no podría dedicar esos dineros a paliar de alguna forma las necesidades materiales de unos cuantos fieles en estos tiempos duros que nos tocan vivir. Caridad y responsabilidad social, reclamo.
En algunos medios de comunicación de los llamados progresistas se ha destacado la beligerancia de la Iglesia en este tema frente a la ambigüedad por ejemplo en el caso de los abusos a menores en el seno de la comunidad religiosa, incluso fuera de ella. También es destacable en estos días de enfrentamiento la consideración que el gobierno francés ha realizado sobre las declaraciones papales en su tour africano sobre la utilización del preservativo, afirmando que este uso "agrava el problema del SIDA". Estas declaraciones, que han creado indignación y preocupación entre gobiernos y organizaciones humanitarias que luchan para que no se siga expandiendo la epidemia, han causado que los franceses califiquen estas terribles palabras como "un riesgo para la salud pública", España, mucho más pragmática por su parte, envía al continente más afectado por la enfermedad miles de condones mientras estima que las palabras de Benedicto XVI son producto de "malos consejeros".
Volviendo a lo doméstico, Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, envida a la grande en su partida contra el Gobierno del Estado llamando a la "masiva movilización contra la ley", de modo que pronto volveremos a ver juntas sotanas y pancartas insultando, cristianamente eso sí, a los pecaminosos legisladores que no olvidemos son elegidos en democracia por el conjunto de los españoles: un ejemplo de paciencia, caridad y tolerancia como la copa de un pino. Cabe preguntarse si los obispos del resto de los países de nuestro entorno se manisfestaron en su momento contra unas leyes sobre las cuales la española se va a basar. Si la respuesta es negativa (que lo es) nos preguntaremos entonces por el concepto que la iglesia española tiene de las relaciones con el estado. Claro que después de tantas concesiones históricas, potenciadas durante la dictadura franquista, debe ser complicado darse cuenta de la paulatina pérdida de influencia y poder político en una sociedad ya madura socialmente hablando y cada vez más crítica con una jerarquía que poco parece representar a los fieles de base que buscan guía en el ámbito íntimo de sus creencias pero que ya no tragan con estas intromisiones en la esfera de lo público, especialmente cuando se cae en continuas paradojas.
Paradojas como la de quienes dicen defender la vida en estas campañas, que son los mismos que están en contra del privilegio de salvar la vida a Andrés, un niño de seis años que podrá vivir gracias al nacimiento de su hermano Javier (el mal llamado niño medicamento), advenimiento de una vida contra la que se han posicionado los jerarcas eclesiásticos. Dígame usted como vivir mi fe y deje que los que no tienen esa fe tengan libertad para tomar sus propias decisiones, siempre que esté de acuerdo con la ley de los hombres. Amén.
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