Sin incidentes destacables, los integrantes de la familia desalojada durante la mañana de este lunes 17 de noviembre, sí han proferido gritos contra el Ayuntamiento, contra las fuerzas del orden público y también han pedido una vivienda o más tiempo para abandonar la finca.
Pese al informe negativo emitido por el Defensor del Pueblo, a quien habían recurrido estas familias, y de las críticas de la Asociación Romaní, el desalojo se ha llevado a cabo en espera de los restantes desalojos, previstos para el día 24 de noviembre y 5 de diciembre.
"Hasta aquí hemos llegado"
El desalojo se ha llevado a cabo con la presencia de autoridades judiciales, efectivos de Policía Nacional, Policía Local, así como del concejal de policía del Ayuntamiento de Torrelavega, Pedro Aguirre, y el primer teniente de alcalde, Aurelio Ruiz Toca.
Integrantes de la familia se acercaron hacia Ruiz Toca para pedir "más tiempo" o una vivienda.
Sin embargo, la respuesta del primer teniente de alcalde fue rotunda: "Hasta aquí hemos llegado. Hemos venido a hacer lo que tenemos que hacer", respondió Ruiz Toca a los familiares allí presentes.
Procedimiento ejecutivo
La autoridad judicial había incoado un Procedimiento Ejecutivo, con despacho de ejecución para que se produzcan sendos "alzamientos de precaristas (desalojos)" de estas familias que aún quedan viviendo de modo irregular en módulos en esta finca.
Este proceso se continuará el día 28 de noviembre, día en que afectará a dos familias más, ocupantes de un módulo. Por último, el día 5 de diciembre afectará a otra familia, ocupante de un módulo. Todo el procedimiento ejecutivo es llevado a cabo y supervisado por el correspondiente juzgado.
La finca será cedida al Gobierno de Cantabria
Además, el consistorio municipal ha realizado estudios que desvelan que estas familias sí disponen de capacidad para alquilar o comprar una vivienda.
El Ayuntamiento, según ha afirmado la alcaldesa, Blanca Rosa Gómez Morante, "no tiene intención" de retrasar los desalojos y "cumplirá" las fechas previstas, para ceder la finca, ya desalojada, al gobierno regional para construir una residencia para discapacitados adultos.
Al Ayuntamiento corresponde, una vez constatado el efectivo desalojo, "proceder al derribo de los módulos y a la evacuación de los escombros, con el fin de dejar la finca expedita para los proyectos a desarrollar en ella por el Gobierno de Cantabria".
Los integrantes de la familia han abandonado el módulo que habitaban, llevándose sus pertenencias y en algunos casos cargando con niños de corta edad.
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