El juez devuelve la causa al Juzgado de Instrucción nº2 de Torrelavega para que investigue la actuación de los ingenieros y el directivo de la empresa que realizaron las obras
El magistrado de la Sala Civil y Penal instructor de la causa abierta contra el alcalde y varios concejales del Ayuntamiento de Polanco por su presunta actuación delictiva al contratar las obras del polideportivo de Requejada ha decidido archivar el caso al no hallar indicios delictivos.
Asimismo, el juez ha decidido enviar el procedimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Torrelavega para que investigue la actuación de los dos ingenieros y el directivo de la empresa que acometieron las obras, por si cometieron delito al elaborar las facturas, certificar la obra y gestionar los cobros.
En un auto notificado hoy, el instructor explica que el resultado de la investigación “no permite calificar de arbitrarios” los acuerdos del Ayuntamiento de Polanco de junio de 2010 –cuando se aprobó contratar las obras del polideportivo- ni de noviembre de 2011 –cuando se dio el visto bueno a un modificado del proyecto.
Señala la resolución que sí se vulneró la legalidad cuando no se elaboró el expediente que justificara las circunstancias sobrevenidas que dieron lugar al modificado. Sin embargo, añade que esa “ilegalidad administrativa no integra el plus de antijuricidad” que daría lugar a la comisión de un delito.
“No resulta razonable calificar de arbitraria una resolución que da respuesta a unas necesidades de interés público, es adoptada por el órgano competente tras seguir el procedimiento legal y no es incompatible ni excluye la posibilidad, en su caso, de exigir responsabilidades a terceros si, en definitiva, se acreditase que no se trataba de circunstancias sobrevenidas sino de una falta de previsión inicial”, añade el juez.
Por otro lado, el instructor explica que la competencia de la Sala Civil y Penal es la de investigar las causas penales en las que se encuentren inmersos aforados. En este caso, es el alcalde de Polanco y también diputado regional, Julio Cabrero, quien ostenta esta condición.
Pues bien, al no hallar indicios de delito en su actuación y al estar imputados en la causa los ingenieros y un directivo de la empresa que ejecutó las obras, el magistrado de la Sala Civil y Penal remite la causa al Juzgado de Torrelavega que en su momento registró las denuncias para que continúe con la investigación.
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