Iván Martínez (ACPT)
El pasado viernes, la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha solicitado la paralización y nulidad del proceso de adjudicación de las 22 viviendas protegidas en régimen de alquiler que se adjudicarán por parte de Gesvican en Campuzano, puesto que los requisitos exigidos para entrar en el sorteo de las mismas ‘incumplen el convenio de cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento al Gobierno de Cantabria’, opina el concejal de ACPT Iván Martínez en un comunicado.
Martínez detalla que se han presentado tres escritos dirigidos a la Alcaldía de Torrelavega, a Gesvican y a la Comisión de seguimiento (nunca constituida) del convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega para la cesión de terrenos con el objeto de la promoción de viviendas protegidas en Torrelavega.
El 29 de diciembre de 2016 el pleno de Torrelavega aprobó el convenio por el que se cedían los terrenos de titularidad municipal al Gobierno de Cantabria. Este convenio ‘se ha incumplido con la publicación de los requisitos por parte de GESVICAN’.
En el exponendo V del convenio se señala: Que la empresa pública GESVICAN es una empresa pública dependiente de la consejería de Obras Publicas y Vivienda, constituida por Decreto 5/1993…..y en este momento está en condiciones de asumir la promoción y construcción de viviendas protegidas en el ámbito arriba señalado, destinándolas al alquiler o alquiler con opción de compra por parte de familias pertenecientes al municipio de Torrelavega con escasos medios económicos, todo ello al amparo de la Ley 5/2014 de 26 de diciembre de Vivienda Protegida.
En el exponendo VI dice: …para con ello ayudar a resolver las necesidades de vivienda de alquiler de aquello vecinos de Torrelavega que no pueden acceder a una vivienda en este régimen en el mercado libre.
«Pues bien, el primer incumplimiento es que las viviendas no son para familias de Torrelavega, sino que la convocatoria se ha abierto a personas de toda Cantabria», señala ACPT.
«El segundo incumplimiento es que esta convocatoria no se ha dirigido a familias con escasos recursos que no pueden acceder al mercado libre de alquiler, sino que se ha dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años. El tercer incumplimiento es que se ha impuesto la necesidad de tener unos ingresos mínimos, cuando el convenio y el real decreto por el que se han de basar estos requisitos en ningún momento hablan de ingresos mínimos», añade la formación.
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