ACPT: «el Equipo de Gobierno miente y en 2017 desaprovechó la oportunidad de contratar a 120 personas»
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David Laguillo
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Alejandro Pérez e Iván Martínez (ACPT)
La Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha revisado la documentación del expediente sobre corporaciones locales del año 2017, y afirma que tanto el alcalde de entonces, como el alcalde actual ‘están mintiendo’.
Según ACPT en el año 2017 en el programa de corporaciones locales se podía haber contratado un total de 205 personas, y tan solo se contrataron 85. ‘Es decir, 120 personas menos. Por lo que el Ayuntamiento de Torrelavega tiene que devolver 1.093.358,20€ más 147.494€ en concepto de intereses por el retraso’, detalla la formación liderada por Iván Martínez y Alejandro Pérez.
El 22 de marzo de 2017 el Gobierno de Cantabria publica la convocatoria las subvenciones para los programas de corporaciones locales del año 2017. El Ayuntamiento de Torrelavega presentó la solicitud el 8 de mayo de 2017, y en dicha solicitud se pedía la cuantía máxima que se pudiera conceder para dicho programa.
El Gobierno de Cantabria aprobó el 15 de junio una subvención para el Ayto. de Torrelavega por importe de 1.863.900€ para tres programas de empleo, abriendo un plazo de un mes para que el equipo de gobierno pudiese realizar las alegaciones que considerase oportunas, sin que se realizase ninguna.
El 30 de junio de 2017 Torrelavega presenta tres proyectos a cada uno de los tres programas subvencionados estimando un coste para el Gobierno de Cantabria por un total de 798.600€. ‘Es decir, desaprovechando contrataciones por valor de 1.065.300€, aun habiendo pedido esa cantidad, aspecto éste último que están ocultando’, apostilla ACPT.
»La excusa que pone el Equipo de Gobierno, tanto antes como ahora, para no haber utilizado todo el importe disponible de la subvención para las contrataciones es que el Ayuntamiento tenía por aquel entonces un límite en gastos de personal. Esta justificación es completamente falsa pues, como hemos podido saber, desde el año 2014 el Ayuntamiento de Torrelavega ya contaba con la autorización del Gobierno de España para poder ejercer competencias en materia de empleo. Lo cual significa que, si hubiese existido la voluntad política de hacerlo, se nos hubiera permitido habilitar una partida en los presupuestos con una cantidad suficiente para tal fin», detalla la formación.
‘A juicio de la ACPT son unos hechos sumamente graves, ya que en aquel momento nuestra ciudad contaba con un 20% de paro o, lo que es lo mismo, 4.500 personas en desempleo y se podían haber contratado otras 120 personas más. Además, esas contrataciones desaprovechadas no solo hubiesen repercutido en la situación de las familias de las personas contratadas, aliviando su situación económica en aquel momento, sino que ese millón de euros desaprovechado hubiera repercutido directamente en la economía de Torrelavega’.
‘La chapuza no termina aquí, sino que además de exigirnos la devolución del importe desaprovechado, el Gobierno de Cantabria reclama al Ayuntamiento 147.494,77€ en concepto de intereses. El equipo de Gobierno también se ha excusado en no pagar esos intereses debido a que aseguraban que el Gobierno de Cantabria nos había enviado dinero de más. Otra afirmación del equipo de gobierno completamente falsa, pues tras haber revisado la documentación del expediente, la ACPT asegura que no solo nos proporcionaron la cantidad que habíamos solicitado (el máximo) si no que se nos otorgó un mes para hacer cualquier tipo de reclamación, derecho que en su momento nadie ejerció’.
ACPT afirma que a la documentación que les han facilitado ‘le faltan informes técnicos y la orden de Alcaldía para tramitar dicha subvención. No podemos dejar escapar la ocasión para mostrar nuestro asombro al comprobar que la documentación facilitada estaba clasificada de forma que invitaba a la confusión, con un orden que favorecía la versión de los hechos del equipo de gobierno’.
La ACPT añade que va a a impulsar la creación de una comisión de investigación que »clarifique todo este asunto y determine nombres y apellidos de los responsables políticos de esta vergonzosa incapacidad a la hora de gestionar aspectos básicos de nuestro municipio’.
ACPT recuerda que en el año 2017 el máximo responsable político de la ciudad era José Manuel Cruz Viadero como alcalde, y que al frente del área de régimen interior y recursos humanos estaba José Luis Urraca Casal, que si por algo destaca es por su ‘incapacidad manifiesta de gestionar cualquier área que esté bajo su responsabilidad tal y como hemos podido comprobar con el ANEI de la Viesca, el matadero municipal, las subvenciones de bienestar animal o la tramitación de la ordenanza de espectáculos’.
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