El texto, remitido a los Gobiernos de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, al Gobierno central y a la Comisión Europea, incide en el irreparable daño que estas explotaciones causan en el paisaje y en los valores naturales de la Cordillera, además de su repercusión a escala local y global sobre la contaminación atmosférica, los recursos hídricos, el calentamiento del clima y la salud humana.
Miles de hectáreas están siendo arrasadas con explotaciones de diverso tipo y una superficie equivalente podría ser destruida en los próximos años si no se toman medidas urgentes. Pero es que, además, existe enormes dudas sobre el destino real de las cuantiosas subvenciones que está recibiendo el sector y muchas de estas explotaciones son absolutamente ilegales, como ocurre con la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) en el valle leonés de Laciana.