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El montante total del fraude se estima en unos ocho millones de euros.
Una investigación conjunta llevada a cabo por el Grupo de Crimen Organizado de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria y por la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de esta Comunidad Autónoma, ha culminado con la detención de cuatro personas, dos matrimonios, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Las investigaciones sobre estos hechos se iniciaron en los primeros días del presente mes de marzo, como consecuencia de una denuncia presentada por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que derivó las actuaciones al Juzgado de Instrucción número dos de Santander, quien se hizo cargo desde el primer momento de la dirección de las mismas.
De las actuaciones practicadas, se ha tenido conocimiento que desde, al menos, dos años anteriores, el imputado como responsable legal de una sociedad mercantil, dedicada a la construcción, con iniciales G.M.R., de 43 años, logró de diversas entidades bancarias, la obtención de importantes cantidades de dinero, mediante la cesión de documentos de crédito –endosos, supuestamente a través de amplias líneas de descuento-, de múltiples certificaciones de obras públicas, correspondientes principalmente al Gobierno de Cantabria, así como a los Ayuntamientos de Torrelavega y Miengo.
Certificaciones que, previamente falsificadas según afirma la Jefatura Superior de Policía, no se correspondían con obra alguna contratada, o bien, el importe reflejado no se correspondía con el real o era muy superior. Durante la investigación se ha llegado a constatar, incluso, de que una misma certificación se endosaba a varias entidades bancarias.
En ocasiones, el presunto fraude se culminaba con la falsificación del escrito de cesión, emitido por la supuesta administración deudora, calculándose el montante total de lo defraudado en aproximadamente ocho millones de euros.
En relación al entramado descrito, ha sido detenida también su mujer J.C.G.S., de 49 años de edad.
En el decurso de la investigación, se ha podido constatar que ha existido una transmisión patrimonial de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al matrimonio mencionado con anterioridad (G.M.R. y J.C.G.S.) a tres sociedades constituidas durante el pasado año por el matrimonio formado por J.J.L.C., de 41 años, empleado de G.M.R., y supuesto “testaferro” y su esposa E.M.S.C., de 36 años; ambos, igualmente, detenidos por estos hechos, al haber notorias evidencias de que carecen de los recursos económicos suficientes para hacer frente a dichas adquisiciones.
Con autorización del Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, se han practicado tres registros en las localidades de Cartes, Liencres y Los Corrales de Buelna, sedes domiciliarias de los detenidos y domicilio social de dos empresas mercantiles, interviniéndose tres ordenadores portátiles, un disco duro interno, tres "pen drives", 1.900 dólares americanos, 3.800 euros, así como numerosa documentación y certificaciones para su estudio y cotejo.
Igualmente se ha intervenido un sello con la leyenda Gobierno de Cantabria-Consejería de Medio Ambiente y otro con la leyenda Consejería de Medio Ambiente-Dirección General de Obras Hidráulicas, ambos pendientes del oportuno informe pericial que determine su autenticidad o falsedad; además de cuatro sellos de las empresas sometidas a investigación.
El entramado de sociedades presuntamente generado por iniciativa de G.M.R., que contaba con la presunta anuencia de su esposa, para blanquear el capital obtenido a través de las falsificaciones documentales y estafas cometidas y con el ánimo de ocultar el rastro de sus bienes, tanto de sus acreedores como de la propia Agencia Tributaria, derivó en las actividades asumidas por su empleado J.J.L.C., ejerciendo presuntamente funciones de testaferro u “hombre de paja”, al ponerse al frente de varias sociedades con el fin de dar apariencia de legalidad a las transmisiones patrimoniales efectuadas por su jefe.
De los cuatro detenidos, que carecen de antecedentes, G.M.R., J.C.G.S. y J.J.L.C., fueron puestos a disposición judicial; mientras que E.M.S.C., quedó en libertad con cargos, tras prestar declaración en dependencias policiales.
Pistas de tenis de La Lechera
Por su parte, el Ayuntamiento de Torrelavega, en relación a esta nota de prensa difundida hoy por la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, afirma que contrató con ODEMAN S.L., las obras de cubrición de las nuevas pistas de tenis municipales, en la zona de "La Lechera", obras que fueron realizadas, recibidas por el Ayuntamiento, y abonadas a ODEMAN S.L., por importe de 112.616 euros, en agosto de 2008.
Posteriormente, la entidad Bancantabria, se puso en comunicación con el Ayuntamiento, para notificar que ODEMAN S.L., aparentemente formando UTE con una empresa de Albacete, les había solicitado una operación de "factoring", con cargo al pago que supuestamente debería realizar el Ayuntamiento, relativo a las citadas obras de cubrición.
Desde el Ayuntamiento se comunicó a Bancantabria que el importe de estas obras ya le había sido abonado directamente a ODEMAN S.L.
Al tomar conocimiento de estos hechos, se instruye un expediente, iniciado con fecha 30 de julio de 09, y se formula denuncia ante el correspondiente juzgado, por presunta comisión de falsedad en documento público, ya que presuntamente el imputado habría manipulado los documentos de certificación de obra.
El Ayuntamiento de Torrelavega ha considerado oportuno precisar que la institución local de Torrelavega "no ha sido víctima de estafa en el caso de las obras mencionadas", puesto que se abonó la cantidad correspondiente a los servicios realmente prestados.
En cuanto al resto de posibles delitos cometidos por el imputado, como falsedad documental y otros, el Ayuntamiento queda a disposición de las autoridades competentes, para cuanta información puedan precisar.
Además, el Ayuntamiento de Torrelavega asegura que se tramita en estos momentos un expediente sancionador a la empresa ODEMAN S.L por posible alteración de datos en la certificación de obra que en su día fue denunciada, al objeto de acordar la prohibición de contratación con esta Administración municipal.
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